lunes, diciembre 11, 2006

Destrucción de la Democracia

11 de diciembre de 2006
Cómo Allende destruyó la democracia en Chile
por José Piñera
José Piñera fue el ministro del Trabajo y Previsión Social en Chile responsable de esta reforma, es co-presidente del Proyecto para la Privatización de la Seguridad Social del Cato Institute, y presidente del International Center for Pension Reform (www.pensionreform.org). Este histórico ensayo está publicado en el libro "Una Casa Dividida: Cómo la violencia política destruyó la democracia en Chile", junto con los documentos históricos que lo sustentan. Si estuviera agotado en librerías, solicitar a pandrade@chile.com. Aquí puede obtener el texto de este ensayo en formato PDF(www.elcato.org).
El miércoles 22 de agosto de 1973 el pleno de la Cámara de Diputados fue citado a las 12 horas para "analizar la situación política y legal que afecta al país". Al iniciarse la sesión, los Comités de Diputados del Partido Demócrata Cristiano (PDC) y del Partido Nacional (PN) presentaron un proyecto de Acuerdo que cambiaría el curso de la historia de Chile.
El primer orador fue el diputado del PDC Claudio Orrego, quien, en su discurso de presentación del proyecto de Acuerdo, afirmó que "el país está sufriendo actualmente una crisis que no tiene parangón en nuestra historia patria, a lo largo de ciento sesenta y tantos años de vida independiente... Hasta este momento la crisis no se resuelve; al contrario, se agudiza día a día. Por eso, nosotros, hoy día, en esta Corporación y ante la faz de Chile, queremos decir que ha llegado la hora, que ha llegado el momento de que digamos una vez más nuestra verdad responsablemente ante el país y ante la historia, porque el Congreso no puede seguir silenciando la grave situación porque atraviesa Chile y tiene que hacer un enjuiciamiento global de ella, porque la situación de ilegalidad pasa por atropellos reiterados a las resoluciones del Congreso Nacional, por atropellos reiterados a las atribuciones del Poder Judicial, por atropellos reiterados a las facultades de la Contraloría General de la República, por atropellos reiterados a los derechos de los ciudadanos, a los medios de comunicación de los chilenos y hasta, en algunos casos, a la libertad de las personas... En ese cuadro, señor Presidente, no caben soluciones de parche. Dentro de este cuadro, cuando un país se desmorona, no caben pequeñas maniobras de política superestructural. Aquí hay que resolver los problemas de fondo" (Claudio Orrego V., Para una paz estable entre los chilenos, edición privada del autor, 1974).
El diputado Orrego afirmó también que el Presidente Salvador Allende no estaba respetando el Estatuto de Garantías Democráticas que había hecho posible su elección. Este listado de derechos individuales había sido incorporado a la Constitución en 1970 como condición para que la Democracia Cristiana lo eligiera con sus votos como presidente, pues el candidato socialista sólo había obtenido el 36.2% del voto popular y, por lo tanto, el Congreso podía elegir a la primera magistratura a cualesquiera de las dos primeras mayorías relativas. Más tarde, Allende reconocería que él firmó este Estatuto sólo como una maniobra "táctica" (Regis Debray, The Chilean Revolution: Conversations with Allende, 1971).
Tras intervenir otro representante del PDC, tomó la palabra el diputado del PN Hermógenes Pérez de Arce, quien afirmó que el Acuerdo demostraba que "el Poder Ejecutivo había dejado de encuadrarse en la Constitución y la Ley, lo que ha dado lugar a la ilegitimidad del mandato y ejercicio del Presidente de la República".
Después de otros dos diputados nacionales, intervino el diputado Luis Maira de la coalición de partidos de gobierno llamada Unidad Popular. No negó las graves acusaciones que hacía el proyecto de Acuerdo e intentó justificar la conducta del gobierno sosteniendo "que el problema de fondo no es otro que el Estado de Derecho y su justa correlación con las transformaciones económicas indispensables".
La sesión de la mañana finalizó con un fogoso discurso del diputado Juan Luis Ossa, presidente de la juventud del PN. En los alrededores del edificio del Congreso habían ocurrido el día anterior graves incidentes. El diputado Ossa, atacado por grupos armados, se había visto obligado a hacer uso de un arma de fuego, afirmando a la prensa que se le disparaba incluso con armas automáticas. La policía no había actuado en defensa de los jóvenes de su partido. Exasperado por este incidente, increpó a los diputados comunistas: "Por eso ustedes, bandas de traidores, bandas de cobardes, bandas de vendidos, bandas de mentirosos hipócritas, están descalificados para hablar de la guerra civil". Ese era el clima que se vivía en Chile ese día de agosto.
A las 14 horas y 13 minutos se interrumpió el debate. En el mundo hispano, ni siquiera asuntos tan graves ameritan desconocer la hora del almuerzo.
La sesión de la tarde, convocada para votar el proyecto de Acuerdo, comenzó a las 20 horas. Pero hubo una sorpresa. Tras un breve debate, la Cámara se constituyó en sesión secreta a instancias de Jorge Insunza y el público en las tribunas tuvo que abandonar el recinto. En ella, el diputado comunista pronunció un discurso amenazante sosteniendo que, si se aprobaba el proyecto de Acuerdo, fuerzas extranjeras invadirían de inmediato el país.
Reanudada la sesión pública, se procedió de inmediato a votar. Una vez hecho el recuento, el Presidente de la Cámara de Diputados levantó la voz y declaró aprobado por 81 votos contra 47 el Acuerdo sometido a votación. A las 21 horas 49 minutos se levantó la sesión.
Al día siguiente, 23 de agosto, El Mercurio tituló así a todo lo ancho de la página: "Declaró Acuerdo de la Cámara de Diputados: EL GOBIERNO HA QUEBRANTADO GRAVEMENTE LA CONSTITUCIÓN".
El texto del Acuerdo fue publicado íntegramente ese día por El Mercurio. El Acta oficial de la sesión, que fue presidida por el diputado del PDC Luis Pareto y el del PN Gustavo Lorca, presidente y vicepresidente de la Cámara respectivamente, fue publicada el 25 de agosto en el diario gubernamental La Nación.
El Acuerdo, aprobado por casi dos tercios de los diputados (63.3%), acusaba al gobierno del Presidente Allende de veinte violaciones concretas a la Constitución y las leyes, entre las cuales destacaban amparar grupos armados, torturar, detener personas ilegalmente, amordazar la prensa, manipular la educación, limitar la posibilidad de salir del país, confiscar la propiedad privada, formar organismos sediciosos, violar las atribuciones del Poder judicial, el Congreso y la Contraloría, y todo ello de manera sistemática y con el fin de instaurar en Chile "un sistema totalitario", es decir, una dictadura comunista.
Fue un hecho extraordinario que el Acuerdo de la Cámara haya sido aprobado por todos los diputados del PDC, el partido mayoritario cuyo líder indiscutido era el Presidente del Senado y ex Presidente de la República Eduardo Frei Montalva, pues sólo tres años antes, el 24 de octubre de 1970, ese mismo partido había contribuido con todos sus votos a elegir Presidente a Salvador Allende en el Congreso Pleno.
Para John Locke, el gran pensador político inglés, la tiranía es "el ejercicio del poder más allá de la ley". Cuando surge ese tirano, es él quien ha colocado al país en estado de guerra al traspasar los límites de su poder, es decir, se ha "rebelado" ("re-bellare", proviene del latín "bellum" que significa guerra).
La esencia del Acuerdo de la Cámara de Diputados entonces es la acusación que se le hace al Presidente Allende de que, pese a que fue elegido democráticamente, se había rebelado contra la Constitución y, por lo tanto, convertido en un "tirano".
Veinte violaciones y un llamado desesperado
El Acuerdo de la Cámara de Diputados constituye un verdadero "Acuerdo contra la Tiranía". Tiene 15 artículos y se puede descomponer conceptualmente de la siguiente manera:
a) Un preámbulo contenido en los artículos 1 a 4, que enuncia las conocidas condiciones esenciales que deben darse para que exista un Estado de Derecho. Contiene una advertencia cargada de significado ("un gobierno que se arrogue derechos que el pueblo no le ha otorgado incurre en sedición"), y recuerda que el Presidente Allende no fue elegido por una mayoría del voto popular sino por el Congreso Pleno, "previo acuerdo en torno a un estatuto de garantías democráticas incorporado a la Constitución Política".
b) Veinte acusaciones de violaciones a la Constitución y las leyes: una acusación genérica contenida en los artículos 5 y 6, diez sobre violaciones concretas a determinados derechos humanos que están enumeradas dentro del artículo 10, siete sobre violaciones a la separación de poderes en los artículos 7, 8 y 9, y finalmente dos sobre acciones de carácter sedicioso en los artículos 11 y 12. Este listado tiene una estructura similar a la cadena de acusaciones contra el rey Jorge III que hace la Declaración de Independencia de Estados Unidos para justificar ante el mundo esa ruptura.
c) Una precisión sobre el rol de los ministros militares que el Presidente Allende había incluido en carteras claves de su gabinete (Art. 13 y 14). Hay que aclarar que el mismo Presidente Allende había abierto las puertas de la política a los militares al designar, un año antes, a varios generales y almirantes en ministerios claves. Durante algunos meses incluso designó en el cargo político de mayor gravitación y controversia, el Ministerio del Interior, al Comandante en Jefe del Ejército, general Carlos Prats. En agosto de 1973, un almirante era Ministro de Hacienda, el cargo clave en la conducción económica del país.
d) Un llamado al Presidente de la República y a los ministros miembros de las Fuerzas Armadas (Art.15) a poner "inmediato término" a estas graves violaciones a la Constitución.
El 23 de agosto un mensajero de la Cámara entregó en el palacio presidencial de La Moneda un sobre dirigido al Primer Mandatario con el texto del Acuerdo aprobado la noche anterior.
El jueves 24, el Presidente Allende daba a conocer una carta pública dirigida al país. En ella sostenía: "En el día de anteayer, los diputados de oposición han exhortado formalmente a las Fuerzas Armadas y Carabineros a que adopten una posición deliberante frente al Ejecutivo... Pedir a las Fuerzas Armadas y Carabineros que lleven a cabo funciones de gobierno al margen de la autoridad y dirección política del Presidente de la República es promover el golpe de Estado".
Allende acusó a la mayoría de los diputados de querer removerlo del cargo sin una acusación constitucional formal, en lo cual tenía razón. Por eso la Cámara realiza un "llamado" a la intervención de los ministros militares, y obviamente a través de ellos a las Fuerzas Armadas, pues el camino estrictamente jurídico para remover al Presidente era imposible.
En efecto, la remoción del Presidente, conforme al artículo 42 de la Constitución promulgada en 1925, exigía para ello dos tercios de los senadores en ejercicio. Como el Senado se renovaba parcialmente, era virtualmente imposible que un Presidente, por impopular que fuera, perdiera de tal manera las elecciones parlamentarias durante su período como para quedar sin el apoyo de al menos un tercio de los senadores. De hecho, la oposición al Presidente Allende ganó por mayoría absoluta las elecciones parlamentarias de marzo de 1973, logrando casi dos tercios de la Cámara de Diputados, pero no igual mayoría en el Senado. En síntesis, la Constitución de 1925 permitía que un gobierno la violara, incluso "sistemáticamente" como sostuvieron una amplia mayoría de los diputados, mientras ese gobierno mantuviera a su lado a un tercio de los senadores.
Es reveladora la confusión sobre lo que significa el Estado de Derecho que trasunta la respuesta de Allende, ya que declara que insistirá en su camino ilegal pues "tras la expresión 'Estado de Derecho' se esconde una situación que presupone una injusticia económica y social entre chilenos que nuestro pueblo ha rechazado. Pretenden ignorar que el Estado de Derecho sólo se realiza plenamente en la medida que se superen las desigualdades de una sociedad capitalista".
Esta declaración es consistente con aquella que había hecho su Ministro de Justicia el 1 de julio de 1972: "La revolución se mantendrá dentro del derecho mientras el derecho no pretenda frenar la revolución".
El origen del texto del Acuerdo ha sido explicado por Claudio Orrego, de esta manera: "El Presidente de la Democracia Cristiana, senador Patricio Aylwin, me encomendó la tarea de preparar el proyecto de acuerdo. Me solicitó que hablara con el senador Juan Hamilton... quien me informó que los parlamentarios del Partido Nacional tenían un borrador de declaración que podía ahorrarnos mucho trabajo. Tomé contacto, entonces, con el senador Sergio Diez y con el diputado Mario Arnello, quienes me facilitaron una copia de su trabajo. Después de analizar dicho documento, me pareció que contenía mucho material y que estaba muy bien hecho... Una vez terminado el trabajo –del cual guardo el original— transmití al senador Aylwin éste para que lo aprobara la Directiva del PDC. Este procedió a redactar nuevamente las conclusiones, en la forma en que fueron definitivamente aprobadas por la Cámara. El mismo día 22 de agosto, en la mañana, revisamos el texto definitivo con Patricio Aylwin y me dirigí al Congreso a presentarlo... Esa es la relación verdadera del Acuerdo de la Cámara de Diputados. La historia juzgará de su importancia y su oportunidad" (Carta a La Segunda, 26 de marzo de 1980).
Según Hermógenes Pérez de Arce, el primer borrador del Acuerdo lo redactó el jurista Enrique Ortúzar y lo revisó el senador del PN Francisco Bulnes, y que él mismo participó en una reunión para este efecto. Ello es coherente con la versión de Orrego, quien señala que la redacción final del texto se basó en un "muy bien hecho" trabajo que le entregaron parlamentarios del PN. Todo indica entonces que se trata del mismo texto, el cual fue siendo enriquecido por distintas personas del PN y el PDC en la búsqueda de una redacción que satisficiera a todos y así asegurara la votación unánime de los diputados de ambos partidos.
La opción por la violencia política
¿Cómo se explica que un Presidente que llegó al poder a través de una elección democrática ejercite después su poder en contra de la misma Constitución y las mismas leyes que le permitieron alcanzar el más alto cargo político de la República? ¿Por qué un gobierno elegido democráticamente consideró necesario incurrir en veinte violaciones de la Constitución?
La respuesta está en que una revolución comunista-socialista, que busca establecer lo que su misma doctrina ha denominado "la dictadura del proletariado", por definición no se puede hacer dentro de la Constitución y de la ley de una república democrática.
Una cosa es para un dirigente marxista transformarse en presidente democrático de un país obteniendo el 36,2% de la votación, contando con la aceptación de un Congreso cuando a éste le corresponde la elección final, y otra muy distinta es adquirir la suma del poder necesaria para abolir la democracia y establecer un sistema totalitario. Para ello se requería una mayoría abrumadora como para realizar las modificaciones respectivas de la Carta Fundamental. Ello no ha ocurrido en la historia de la humanidad, pues todos esos regímenes han alcanzado el poder total a través de la violencia.
Es un error atribuir la ruptura chilena a una tendencia más impaciente que otras al interior de uno de los partidos de izquierda marxista, o a una reunión sediciosa de diputados con marineros en un barco de la Armada, o incluso a un discurso delirante en un estadio llamando a la "insurrección de las masas". Estos hechos, que sí ocurrieron, pueden ser detonantes, pero la causa profunda fue una ideología y una praxis, tan sistemática como implacable, que concebía a la violencia como "la partera de la historia".
Son claves para comprender el origen de la ruptura democrática los dos acuerdos oficiales del Partido Socialista de Chile adoptados, por unanimidad, en sus Congresos anuales de 1965 y 1967.
Ya en su Congreso de Linares (julio, 1965), el Partido Socialista de Chile, que se definía como marxista-leninista, había sostenido lo siguiente: "Nuestra estrategia descarta de hecho la vía electoral como método para alcanzar nuestro objetivo de toma del poder... El partido tiene un objetivo: para alcanzarlo deberá usar los métodos y los medios que la lucha revolucionaria haga necesarios".
Pero fue en su Congreso de Chillán cuando la postura sediciosa alcanzó su máxima expresión. Este tuvo lugar entre el 24 y el 26 de noviembre de 1967 y asistieron 115 delegados, y hubo además "delegados fraternales" de los gobiernos comunistas de la URSS, Alemania Oriental, Rumania y Yugoslavia, del partido Baath socialista de Siria y del partido socialista de Uruguay.
La resolución adoptada afirmaba que "la violencia revolucionaria es inevitable y legítima... Constituye la única vía que conduce a la toma del poder político y económico, y su ulterior defensa y fortalecimiento. Sólo destruyendo el aparato democrático-militar del Estado burgués puede consolidarse la revolución socialista... Las formas pacíficas o legales de lucha no conducen por sí mismas al poder. El Partido Socialista las considera como instrumentos limitados de acción incorporados al proceso político que nos lleva a la lucha armada. La política del frente de trabajadores se prolonga y se encuentra contenida en la política de la Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS), la que refleja la nueva dimensión continental y armada que ha adquirido el proceso revolucionario latinoamericano" (Julio César Jobet, La Historia del Partido Socialista de Chile, 1997).
El ideólogo del Partido Socialista, y futuro Ministro de Relaciones Exteriores del Presidente Allende, Clodomiro Almeyda, especuló sobre la forma en que terminaría este proceso: "La forma fundamental que en un país como Chile pueda asumir la fase superior de la lucha política, cuando el proceso vigente llegue a colocar a la orden del día el problema del poder, es impredecible en términos absolutos. Yo me inclino a creer que es más probable que tome la forma de una guerra civil revolucionaria, a la manera española, con intervención extranjera, pero de curso más rápido y agudo" (Revista Punto Final, 22 de noviembre de 1967).
Cabe destacar que el Partido Socialista era el segundo de mayor tamaño del país, que sería el principal partido en la coalición, la Unidad Popular, que gobernó Chile entre 1970 y 1973, y que Salvador Allende era su más destacado militante. Su partido aliado, el Partido Comunista de Chile, era el mayor y mejor organizado de todos los Partidos Comunistas de América Latina, y el tercero en tamaño, después de aquellos de Francia e Italia, de todo el mundo occidental.
Por cierto, todo esto ocurría en el contexto de la Guerra Fría, en la cual el gobierno de la Unidad Popular se había aliado con la Unión Soviética en contra de Estados Unidos y la Europa democrática.
Posiblemente sin haber leído jamás a George Orwell, Allende llamó a la superpotencia comunista el "hermano mayor" de Chile, en un discurso en el propio Kremlin el 7 de diciembre de 1972, en el cual agregó, tras reunirse con los máximos jerarcas soviéticos Leonid Brezhnev, Alexei Kosygin y Nikolai Podgorny, que había alcanzado una "completa identidad de puntos de vista" con los dirigentes comunistas.
Esta adhesión a los regímenes comunistas venía de mucho antes. Desde ya, en el homenaje que se le hizo a Stalin en Santiago una semana después de su muerte en marzo de 1953, uno de los oradores principales fue el socialista Salvador Allende.
Es ilustrativo recordar también el increíble homenaje a Stalin del importante dirigente comunista chileno Volodia Teitelboim: "Hoy ya duerme su gloria eterna en la cámara ardiente de la Sala de las Columnas de Moscú el camarada José Stalin. Hace apenas un día y algunas horas que murió el amado conductor de los trabajadores del mundo, el más grande, profundo y noble amigo de la humanidad... Ha muerto el padre y el jefe de toda la humanidad progresista. Ha muerto, como Mayakovsky decía de Lenin, el más humano de todos los hombres... Dio abundancia y existencia dichosa a su pueblo… Bajo la bandera de luto, pero siempre desplegada de Stalin, los pueblos marchan por el camino más corto hacia la segura victoria, hacia el mundo de la felicidad humana" (El Siglo, marzo de 1953).
En la década del 60, Allende aceptó servir como presidente de la Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS), un organismo castrista para exportar la revolución comunista al continente, la que había afirmado públicamente que "la revolución armada es la única solución para los males sociales y económicos de Latinoamérica".
Claudio Véliz, historiador y amigo personal de Allende, sostiene que los viajes de Allende a Cuba tuvieron "una incidencia fundamental en el proyecto que pretendía aplicar en Chile. Tras ver Cuba, Allende pensó que podía acortar el camino. Pero la verdad es que se apartó de la tradición chilena... No cabe ninguna duda que el gobierno de la Unidad Popular fue un desastre que nos llevó a la guerra civil" (El Mercurio, 28 de noviembre, 1999).
Allende, siendo presidente del Senado, expresó en varias ocasiones su apoyo al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), grupo que inició la violencia guerrillera en Chile. Por cierto, la violencia había sido idealizada por los líderes de izquierda de Chile y el continente por un largo tiempo.
En último término, los dirigentes marxistas chilenos no supieron resistir el embrujo de la Revolución comunista cubana. El tirano del Caribe, Fidel Castro, se transformó en el modelo y fueron intoxicados, como si fueran adolescentes, por la retórica y la acción revolucionaria del Che Guevara, quien llamaba a crear "múltiples Vietnam" en América Latina.
Una distinción fundamental que no se hizo fue aquella entre el noble objetivo de querer cambiar el mundo para mejor y buscar hacerlo utilizando la violencia. En nuestro país había al comenzar la década del 70 demasiada pobreza, subdesarrollo, monopolios e injusticias de distinta naturaleza, como para que muchas personas idealistas, especialmente jóvenes, no se declararan en estado de rebeldía y buscaran, aunque con más pasión que rigor, un camino para crear un mundo mejor. Basta leer el "Balance Patriótico" de Vicente Huidobro, publicado en 1925, para comprobar que no mucho había cambiado en cincuenta años.
Lo que es aberrante es que tantos dirigentes comunistas y socialistas chilenos, de quienes era esperable un mínimo de madurez y responsabilidad política, impulsaran, inicialmente con su retórica incendiaria, y más tarde con sus actos de gobierno, a decenas de miles de jóvenes al abismo —y a las consecuencias-- de la violencia política.
En este contexto, es estremecedora la honesta confesión de un ex guerrillero argentino: "Hoy puedo afirmar que por suerte no obtuvimos la victoria, porque de haber sido así, teniendo en cuenta nuestra formación y el grado de dependencia con Cuba, hubiéramos ahogado el continente en una barbarie generalizada. Una de nuestras consignas era hacer de la cordillera de Los Andes la Sierra Maestra de América Latina, donde, primero hubiéramos fusilado a los militares, después a los opositores, y luego a los compañeros que se opusieran a nuestro autoritarismo" (Jorge Masetti, El Furor y el Delirio, 1999).
Al borde de la guerra civil
La respuesta del Presidente Allende a la Cámara no fue la única en la que demostró su desprecio por el Estado de Derecho. Durante 1973 la Corte Suprema le había reprochado la vulneración de las atribuciones propias de ese cuerpo, lo que derivó en una violenta disputa epistolar entre ellos. Por supuesto, la Unidad Popular incluso había desarrollado la insólita teoría jurídica de los "resquicios legales", con los cuales no sólo se había avanzado en la intervención estatal de múltiples empresas privadas de todos los tamaños, sino que se estaba erosionando de manera fatal la necesaria confianza pública en las instituciones fundamentales de la República.
Así, el 26 de mayo de 1973, en protesta por una negativa del gobierno a cumplir con una decisión judicial, la Corte Suprema resolvió por unanimidad dirigirse así al Presidente de la República: "Esta Corte Suprema se ve obligada a representar a Su Excelencia por enésima vez la actitud ilícita de la autoridad administrativa en su interferencia ilegal en asuntos judiciales, así como de poner obstáculos a la policía uniformada en la ejecución de órdenes de los tribunales del crimen; órdenes que, bajo las leyes vigentes, deben ser llevadas a cabo por dicha fuerza policial sin obstáculos de ninguna índole; todo lo cual implica un desprecio abierto y voluntario de los fallos judiciales, con completa ignorancia de las alteraciones que tales actitudes u omisiones producen en el orden legal; como se representó a Su Excelencia en un despacho anterior, actitudes que implican además no sólo una crisis en el estado de derecho, sino también el quiebre perentorio o inminente de la legalidad de la Nación".
Allende, en un discurso público a los pocos días, respondió con una afirmación que en cualquier país de larga tradición democrática le habría costado la inmediata destitución de su cargo:"En un período de revolución, el poder político tiene derecho a decidir en el último recurso si las decisiones judiciales se corresponden o no con las altas metas y necesidades históricas de transformación de la sociedad, las que deben tomar absoluta precedencia sobre cualquier otra consideración; en consecuencia, el Ejecutivo tiene el derecho a decidir si lleva a cabo o no los fallos de la Justicia".
Cabe destacar que, al día siguiente del Acuerdo de la Cámara, el 23 de agosto, la Corte Suprema adoptó otra resolución denunciando nuevamente los intentos del gobierno de quebrar la independencia del Poder Judicial.
A mediados de 1973, el ejercicio antidemocrático del poder por parte del Presidente Allende y sus ministros había conducido, entonces, no sólo a un abierto conflicto constitucional entre el Presidente de la República y el Poder Legislativo, sino también a un gravísimo choque entre este Presidente y el Poder Judicial.
A estas alturas, es conveniente precisar que, aunque la creciente crisis económica –inflación anualizada sobre 300%, racionamientos, crisis de balanza de pagos, desempleo en aumento, desconfianza—producía miseria y angustias generalizadas y creaba una caja de resonancia a estos conflictos institucionales, ese no era el argumento válido para remover al gobierno.
Como el país había llegado a ser "un campo armado", lo cual preocupaba sobremanera a las Fuerzas Armadas, había que ser ciego para desconocer que, durante el invierno de 1973, Chile había caído en un estado de guerra civil (Dos libros importantes y complementarios que comprueban esta realidad son aquellos de Paul Sigmund, The Overthrow of Allende, y de James Wheelan, Desde las Cenizas).
Oscar Waiss, quien fue director del diario oficial del gobierno e íntimo amigo de Allende, al plantear algunos escenarios posibles refleja el grado de extremismo que primaba en algunos dirigentes de la Unidad Popular: "Había llegado el momento de echar el fetichismo legalista por la borda; el momento de llamar a retiro a los militares conspiradores; de destituir al Contralor General de la República; de intervenir la Corte Suprema de Justicia y el Poder Judicial; de incautarse de El Mercurio y toda la jauría periodística contrarrevolucionaria. Resultaba mejor dar el primer golpe, pues el que pega primero pega dos veces" (Revista "Política Internacional" Nº 600, Belgrado, abril de 1975).
Pese a su clara responsabilidad en la introducción de la violencia política en Chile, parece altamente improbable que el Presidente Allende hubiese estado dispuesto a actuar con la inmoralidad extrema de los dirigentes bolcheviques que realizaron la sangrienta Revolución de Octubre en Rusia.
Pero, gracias a Dios, nunca podrá contestarse la pregunta: ¿Quién, dentro de la Unidad Popular, habría sido el Lenin chileno?
Frei inclina la balanza
Salvador Allende llegó a la presidencia tras el fracaso de los gobiernos de Jorge Alessandri (1958-1964) y de Eduardo Frei Montalva (1964-1970).
Ambos gobiernos fueron incapaces de cambiar la fallida estrategia de desarrollo, la cual generaba un crecimiento económico tan mediocre que hacía imposible derrotar la miseria y crear un horizonte de prosperidad para todos los chilenos, y ambos abrieron el camino para la violación del derecho de propiedad, fundamento esencial de una sociedad libre. Esta relación indisoluble, conceptual e histórica, entre propiedad y libertad la acaba de demostrar Richard Pipes en su libro Property and Freedom (1999).
Oscar Godoy, Director del Instituto de Ciencia Política de la Universidad Católica, sostiene que "la responsabilidad de los partidos de derecha en el ascenso de la Unidad Popular al gobierno fue que no supieron defender oportunamente y con vigor las instituciones del Estado liberal. Por ejemplo, la defensa que se hizo del derecho de propiedad fue mínima, porque se fue cediendo sistemáticamente. Cuando la derecha tiene la posibilidad de recuperarse, con Jorge Alessandri, se manifiesta impotente frente a la novedad de la Democracia Cristiana y del socialismo y extrema su debilidad. Es lamentable la escasez de hombres públicos en la derecha dispuestos a defender sus planteamientos con el mismo vigor con que los socialistas defendían los suyos. La campaña de Jorge Alessandri hace concesiones múltiples para ocultar la verdadera naturaleza del proyecto liberal. En ese tiempo existía temor a expresar las palabras mercado, competencia, individualismo, etc. Entonces hace una claudicación que la hace muy débil" (La Epoca, 4 de septiembre de 1995).
El debilitamiento del derecho de propiedad en Chile comenzó, en efecto, con la reforma constitucional propiciada por el gobierno del Presidente Alessandri con el fin de iniciar la Reforma Agraria. Fueron proféticas, aunque desestimadas, las advertencias del ex presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Recaredo Ossa: "La ruptura de estas garantías constitucionales respecto de la agricultura es sólo el comienzo de la quiebra de nuestro sistema democrático. Lo que hoy se hace contra esta rama de la producción no tiene por qué no hacerse mañana contra la propiedad urbana, la minería grande, mediana o pequeña, el comercio y todos los bienes particulares. Decimos más: la Reforma Constitucional es la experiencia piloto en materia de abolición del derecho de propiedad. Introducida esta cuña, que algunos miran tan desaprensivamente, el hueco se convertirá en inmensa grieta por donde desaparecerá la propiedad entera" (Esta intervención radial fue reproducida por El Mercurio el 6 de enero de 1962).
El gobierno Frei profundizó este camino, incurriendo además en dos otros graves errores de políticas públicas. Primero, fue débil ante el surgimiento de la violencia política, y fue especialmente grave que no reaccionara con vigor en defensa de la democracia y el estado de derecho cuando el Partido Socialista se declaró partidario de la vía armada en su Congreso de Chillán en 1967. Segundo, la Reforma Agraria del gobierno Frei multiplicó varias veces la violación del derecho de propiedad al expropiarse miles de propiedades agrícolas sin una justa compensación. Además, su gobierno permitió la proliferación de las "tomas" de propiedades ajenas por grupos de agitadores. Al gobierno de Frei le "tomaron" todo: universidades, municipalidades, centenares de predios agrícolas, sitios eriazos, carreteras, industrias, un cuartel militar, y hasta la Catedral de Santiago. En ese ambiente no fue de extrañar que los partidos de izquierda sintieran factible "tomarse" el poder total.
Fracasados los gobiernos de "derecha" y "centro" de Alessandri y Frei, y no existiendo, como hemos visto, una "izquierda" democrática, la conclusión era predecible. En agosto de 1965, el mismo Frei había dicho "Si mi gobierno falla, tendremos un gobierno de la extrema izquierda" (Leonard Gross, The Last, Best Hope, 1967).
Lo que resultó tan impredecible como extraordinario, fue que una figura política tan temerosa de aparecer como "anticomunista", como Eduardo Frei Montalva, decidiera ante la encrucijada en que lo colocó la Historia, jugarse entero para salvar a Chile de caer en una dictadura marxista.
Frei vivía bajo el peso de la durísima acusación que se le hizo a fines de los sesenta de que, si le entregaba el gobierno a Allende, pasaría a la Historia como el "Kerensky chileno". Sin embargo, decide permanecer en Chile durante este período, en circunstancias de que su ex ministro del Interior y heredero político, Edmundo Pérez Zujovic, es asesinado en 1971 por terroristas de izquierda, lo que hacía evidente que también su propia vida corría alto peligro. Ello contrasta con la actitud de Alexander Kerensky, quien escapa de San Petersburgo y muere en Nueva York (precisamente en 1970, año en que Frei entrega el poder a Allende) escribiendo libros sobre cómo fue incapaz de evitar que una banda de audaces bolcheviques se tomara Rusia por la fuerza.
Frei tiene que haber sabido que su postura sería criticada no sólo por sus adversarios, sino que incluso por muchos de sus amigos, como efectivamente lo hizo su ex Ministro del Interior, Bernardo Leighton, quien atribuiría esta actitud a "un verdadero peso de conciencia por el triunfo de la Unidad Popular, que vi caer sobre tu espíritu, abrumándolo, en los días posteriores a la elección de Salvador Allende" (Carta a Frei, 26 de junio, 1975).
Frei retornó a la arena política contingente presentándose en las elecciones parlamentarias de marzo de 1973 como candidato a senador por Santiago, y una vez elegido aceptó la presidencia del Senado, transformándose, por lo tanto, en el adversario principal de Allende.
Su muy cercano colaborador, el senador DC Patricio Aylwin, había presentado, el 12 de mayo de 1973, una moción en la Asamblea General de la DC, la cual fue aprobada, en la que se acusaba al gobierno de Allende de buscar establecer en Chile una "tiranía comunista". Posteriormente, Aylwin revisa el proyecto de Acuerdo, redacta sus conclusiones, y, sin duda tras obtener el asentimiento de Frei (presidente del senado y líder indiscutido de la DC), le transmite a Orrego la aprobación final. Más aún, es Aylwin quien le replica públicamente a Allende tras la respuesta de este al Acuerdo.
Por cierto, los dirigentes del Partido Nacional, encabezados por un valiente y combativo presidente, Sergio Onofre Jarpa, habían denunciado desde muy temprano el creciente alejamiento de la legalidad del gobierno de la Unidad Popular.
Sin embargo, es lógico afirmar que lo que inclinó la balanza, tanto en la ciudadanía como en los mandos militares, fue la postura que Eduardo Frei asumió, con inusitada fuerza, en esos meses cruciales de 1973. Como Presidente del Senado, era el líder con mayor poder de convocatoria de la oposición y era también el dirigente chileno que, de lejos, tenía el mayor prestigio internacional. Desde ya, el Times de Londres lo había calificado como "la personalidad política más importante de América Latina".
Existen testimonios de que en algún momento, Frei llegó al convencimiento de que sólo las Fuerzas Armadas podían impedir que Chile se transformara en una segunda Cuba.
En la significativa "Acta Rivera", se describe una reunión el 6 de julio de 1973 entre Frei y la directiva de la Sociedad de Fomento Fabril, la máxima entidad gremial que agrupaba a los industriales chilenos. En ella estos dirigentes le plantean que "el país estaba desintegrándose y que si no se adoptaban urgentes medidas rectificatorias fatalmente se caería en una cruenta dictadura marxista, a la cubana".
La respuesta de Eduardo Frei es reveladora: "Nada puedo hacer yo, ni el Congreso ni ningún civil. Desgraciadamente, este problema sólo se arregla con fusiles... les aconsejo plantear crudamente sus aprensiones, las que comparto plenamente, a los comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, ojalá hoy mismo".
El testimonio más extenso de Frei en esta materia es su carta del 8 de noviembre de 1973 al Presidente de la Democracia Cristiana Internacional, el político italiano Mariano Rumor. Allí Frei reitera las acusaciones que antes había hecho el Acuerdo de la Cámara: "Trataron de manera implacable de imponer un modelo de sociedad inspirado claramente en el Marxismo Leninismo. Para lograrlo aplicaron torcidamente las leyes o las atropellaron abiertamente, desconociendo a los Tribunales de Justicia... En esta tentativa de dominación llegaron a plantear la sustitución del Congreso por una Asamblea Popular y la creación de Tribunales Populares, algunos de los cuales llegaron a funcionar, como fue denunciado públicamente. Pretendieron asimismo transformar todo el sistema educacional, basado en un proceso de concientización marxista. Estas tentativas fueron vigorosamente rechazadas no sólo por los partidos políticos democráticos, sino por sindicatos y organizaciones de base de toda índole, y en cuanto a la educación ella significó la protesta de la Iglesia Católica y de todas las confesiones protestantes que hicieron públicamente su oposición. Frente a estos hechos naturalmente la Democracia Cristiana no podía permanecer en silencio. Era su deber –y lo cumplió-- denunciar esta tentativa totalitaria que se presentó siempre con una máscara democrática para ganar tiempo y encubrir sus verdaderos objetivos".
Frei también comprendió que un Chile comunista habría apuntado, como una larga espada, al corazón de una vulnerable América Latina. Frei le dice a Rumor que "la caída de Allende ha sido un retroceso para el comunismo mundial. La combinación de Cuba con Chile, con sus 4.500 kms. de costa en el Océano Pacífico y su influencia intelectual y política en América Latina, fue un paso decisivo en el intento de control del hemisferio. Eso explica esa violenta y exagerada reacción. Chile iba a ser una base de operaciones para todo el continente".
Esta perspectiva es confirmada por Brian Crozier, fundador del London's Institute for the Study of Conflict: "Durante sus tres años en el poder, Allende transformó su país, de hecho, en un satélite cubano, y por lo tanto una adición incipiente al Imperio Soviético... para entonces Chile podía ser francamente descrito como un estado marxista en términos ideológicos y económicos... desde una perspectiva estratégica, se le había transformado en una importante base para operaciones subversivas soviéticas y cubanas, incluyendo el terrorismo para toda América Latina... la KGB soviética estaba reclutando miembros para cursos de entrenamiento en terrorismo... especialistas de Corea del Norte estaban enseñando a miembros jóvenes del Partido Socialista de Allende". (The Rise and Fall of the Soviet Empire, 1999).
En una conversación con un periodista del diario español ABC, publicada el 10 de octubre de 1973, Frei ya había hecho juicios durísimos contra la Unidad Popular y justificado plenamente la intervención militar: "El país no tiene más salida salvadora que el gobierno de los militares"; "El mundo no sabe que el marxismo chileno disponía de un armamento superior en número y calidad al del Ejército"; "Los militares fueron llamados, y cumplieron una obligación legal, porque el poder ejecutivo y el judicial, el Congreso y la Corte Suprema habían denunciado públicamente que la presidencia y su régimen quebrantaban la Constitución"; "La guerra civil estaba preparada por los marxistas"; "Es alarmante que en Europa no se enteren de la realidad: Allende dejó la nación destruida".
Posteriormente Frei realizó una declaración pública en que reconoce haber hablado con el periodista Luis Calvo del ABC, pero en la que señala que la entrevista no reflejó exactamente sus palabras, sin aclarar cuáles fueron esas imprecisiones. Más tarde, en la carta citada a Leighton, Frei se refiere específicamente a que no hizo la durísima descripción de Allende que allí se le atribuye (y que por eso no se reproduce aquí), pero no desmiente el resto. Leighton le acepta esa retracción sobre Allende, pero le dice que los demás juicios son los mismos que le escuchó decir de manera consistente por años.
Un tercer texto clave de Frei es el prólogo que escribe en el libro --de elocuente título-- del cientista político DC Genaro Arraigada, De la Vía Chilena a la Vía Insurreccional (1974). Allí Frei sostiene planteamientos similares a aquellos contenidos en la carta a Rumor y como epígrafe de su prólogo, Frei elige esta advertencia de Píndaro: "Fácil es, incluso para el más débil, destruir una ciudad hasta sus cimientos; pero es, en cambio, muy dura empresa levantarla de nuevo".
No deja de ser asombroso que en ese mismo 1973 en que se extendía el certificado de defunción de la democracia chilena y morían muchos de los nobles sueños de los fundadores del PDC, también fallecía en Francia Jacques Maritain, el filósofo-político francés que tanto admiraba Eduardo Frei y a quien había visitado en su lecho de enfermo en su exitosa gira a Europa de 1965.
Las Fuerzas Armadas obedecen
En la madrugada del martes 11 de septiembre de 1973, 18 días después de que los ministros militares recibieran formalmente el Acuerdo de la Cámara de Diputados, las Fuerzas Armadas chilenas iniciaron en todo el territorio un operativo militar para cumplir el mandato parlamentario.
Así lo entendió el historiador Richard Pipes, profesor de la Universidad de Harvard, quien ha sostenido que, con el Acuerdo, "la Cámara le solicitó a las Fuerzas Armadas que restauraran las leyes del país. Obedeciendo este mandato, a los 18 días los militares chilenos, liderados por el general Augusto Pinochet, removieron por la fuerza a Allende de su cargo" (Communism. A Brief Story, 2001).
El 13 de septiembre de 1973, la influyente revista de opinión británica, The Economist, publicó un editorial titulado "El fin de Allende", cuyo contenido es tan revelador que merece ser analizado íntegramente.
La revista es clarísima en asignar la responsabilidad por la ruptura ocurrida dos días antes: "La muerte transitoria de la democracia en Chile será lamentable, pero la responsabilidad directa pertenece claramente al Dr. Allende y a aquellos de sus seguidores que constantemente atropellaron la Constitución".
El editorial incluso va más allá y le asigna a Allende la responsabilidad por la violencia posterior: "La batalla parece apenas haber comenzado. Con la mayoría de los canales de comunicación de Chile con el mundo exterior aún restringidos, es difícil tener una idea más completa de la violencia que aparentemente continúa. Pero si una sangrienta guerra civil comenzara, o si los generales que ahora controlan el poder deciden no llamar a nuevas elecciones, no habrá duda alguna respecto de quien tiene la responsabilidad por la tragedia de Chile. La responsabilidad es del Dr. Allende y de aquellos en los partidos marxistas que aplicaron una estrategia para controlar el poder total, al punto que la oposición perdió las esperanzas de controlarlos por medios constitucionales".
La explicación que hace la revista británica de la situación en Chile podría haberla firmado cualquiera de los diputados que aprobó el Acuerdo: "Lo que ocurrió en Santiago no es un golpe típicamente latinoamericano. Las fuerzas armadas toleraron al Dr. Allende por casi tres años. En ese período, él se las ingenió para hundir al país en la peor crisis social y económica de su historia moderna. La expropiación de campos y empresas privadas provocó una alarmante caída en la producción, y las pérdidas de las empresas estatales, según cifras oficiales, superaron los $1.000 millones de dólares. La inflación alcanzó a 350% en los últimos 12 meses. Los pequeños empresarios quebraron; los funcionarios públicos y trabajadores especializados sufrieron la casi desaparición de sus sueldos por causa de la inflación; las dueñas de casa tenían que hacer interminables colas para obtener alimentos esenciales, y si es que encontraban. La creciente desesperación originó el enorme movimiento huelguístico que los camioneros iniciaron hace seis semanas. Pero el gobierno de Allende fue más allá de la destrucción de la economía. Violó la letra y el espíritu de la Constitución. La forma en que sobrepasó duramente al Congreso y a los Tribunales de Justicia debilitó la fe en las instituciones democráticas del país".
The Economist fue de los escasísimos medios extranjeros que mencionaron entonces el crucial Acuerdo del 22 de agosto: "El mes pasado, una resolución aprobada por la mayoría opositora en el Congreso señalaba que "el gobierno no es responsable sólo por violaciones aisladas de la Constitución y la ley; ha convertido tales violaciones en un método permanente de conducta".
Para la revista británica el detonante para el golpe "fueron los esfuerzos de los extremistas de izquierda para promover la subversión dentro de las fuerzas armadas. El señor Carlos Altamirano, ex secretario general del partido socialista, y el señor Oscar Garretón del Movimiento de Acción Popular Unitaria, ambos líderes de la Unidad Popular de Allende, fueron señalados por la Armada como los autores intelectuales del plan de amotinamiento de los marinos en Valparaíso... El sentimiento de que el Parlamento era ya irrelevante aumentó por la violencia en las calles y por la forma en que el gobierno toleró el surgimiento de grupos armados de extrema izquierda que se estaban preparando de manera abierta para la guerra civil".
The Economist justifica plenamente la intervención militar cuando sostiene que "las fuerzas armadas intervinieron sólo cuando estuvo claramente establecido que existía un mandato popular para la intervención militar. Las Fuerzas Armadas tuvieron que intervenir porque fallaron todos los medios constitucionales para frenar a un gobierno que se comportaba de modo inconstitucional", y realiza una importante precisión: "El General Pinochet y los oficiales que lo acompañan no son peones de nadie. Su golpe fue preparado en casa, y los intentos por hacer creer que los norteamericanos estaban implicados son absurdos, especialmente para quienes conocen la cautela norteamericana en sus recientes tratativas con Chile".
The Economist adelanta, primero, que la tarea de reconstrucción será difícil y que habrá excesos e injusticias: "Cualquiera sea el gobierno que surja del golpe militar, no se pueden esperar tiempos fáciles. También aquellos que sufrieron bajo el gobierno de Allende sentirán la tentación de ajustar cuentas con el bando derrotado". Segundo, anticipa la colaboración militar con economistas civiles al adelantar: "El gobierno militar-tecnocrático que está aparentemente tomando forma intentará reconstruir el tejido social que el gobierno de Allende destruyó". Y concluye con un lamento y una verdad: "Esto significará la muerte transitoria de la democracia en Chile, lo cual será deplorable, pero no debe ser olvidado quien lo hizo inevitable".
El desenlace natural
Alexander Solzhenytsin, el gran escritor e intelectual ruso que denunció el horror de los campos de concentración en la Unión Soviética, afirmó que "el comunismo sólo se detiene cuando encuentra una muralla".
A medida que el gobierno de la Unidad Popular fue restringiendo las libertades económicas, sociales y políticas con el propósito de hacer su revolución marxista, surgió, desde los más diversos ámbitos de la sociedad chilena, una fuerte resistencia civil que se transformó pronto en una avalancha de protestas, manifestaciones, huelgas y denuncias.
Al final fue esta presión de la civilidad la que empujó a los partidos políticos de oposición a la aprobación del Acuerdo de la Cámara de Diputados, y después a las Fuerzas Armadas a obedecer el llamado del Acuerdo y remover por la fuerza al presidente que estaba violando "sistemáticamente” la Constitución de la República.
La resistencia civil generalizada que concluyó con el Acuerdo de la Cámara de Diputados fue "la muralla" con la que se encontró el comunismo en Chile. Este Acuerdo, entonces, constituye la partida de defunción del gobierno del Presidente Allende y el certificado de bautismo del gobierno del Presidente Pinochet.
Como afirmó uno de los hombres claves detrás del Acuerdo y entonces Presidente de la Democracia Cristiana, Patricio Aylwin: "El gobierno de Allende había agotado, en el mayor fracaso, la vía chilena hacia el socialismo y se aprestaba a consumar un autogolpe para instaurar por la fuerza la dictadura comunista. Chile estuvo al borde del 'Golpe de Praga', que habría sido tremendamente sangriento, y las Fuerzas Armadas no hicieron sino adelantarse a ese riesgo inminente" (El Mercurio, 17 de septiembre de 1973).
No fue una afirmación aislada del futuro Presidente de Chile. Un mes después, Aylwin ratificó su pensamiento así: "La verdad es que la acción de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Carabineros no vino a ser sino una medida preventiva que se anticipó a un autogolpe de Estado, que con la ayuda de las milicias armadas con enorme poder militar de que disponía el Gobierno y con la colaboración de no menos de diez mil extranjeros que había en este país, pretendían o habrían consumado una dictadura comunista" (La Prensa, 19 de octubre de 1973).
Es imposible, a la luz de todos estos antecedentes, no concluir que la intervención militar fue el resultado de una rebelión civil ante una tiranía. Ella fue legítima e inevitable, pues, como ha sostenido Vaclav Havel, un hombre que sufrió por varias décadas la dictadura comunista en su país, "el mal debe ser confrontado en su cuna y, si no hay ninguna otra manera de hacerlo, entonces tiene que hacerse con el uso de la fuerza" (New Yorker, 6 de enero, 2003).
Resumen y conclusiones
Los hechos demuestran entonces que:
a) El Presidente Salvador Allende fue el responsable de su propia caída, pues cometió un suicidio político al declararse en rebelión contra la Constitución de la República.
b) Estas acciones del gobierno de la Unidad Popular generaron una masiva y valiente resistencia civil, la cual se expresó de múltiples maneras, y fue ella la que concluyó impulsando a las dirigencias políticas a enfrentar frontalmente al Presidente Allende y exigir su remoción.
c) El ex Presidente de la República, Eduardo Frei Montalva, fue el líder determinante en el Acuerdo de la Cámara de Diputados que acusó al Presidente Allende de haber cometido veinte violaciones a la Constitución y que concluyó con un llamado desesperado a la intervención de las Fuerzas Armadas.
d) Las Fuerzas Armadas, al remover al gobierno socialista-comunista de la Unidad Popular, no realizaron un típico "golpe de estado" latinoamericano, sino que obedecieron un mandato moral y político de la Cámara de Diputados, un brazo del mismo Congreso que en 1970 había elegido Presidente a Salvador Allende.
Pero algo sorprendente sucedió en esa fría noche del 22 de agosto de 1973 inmediatamente después de terminada la votación del Acuerdo. Algunos diputados de la oposición comenzaron a cantar la Canción Nacional. Y ese gesto comenzó a ser imitado por otros hasta que al final toda la Cámara estaba de pie entonando el himno patrio.
En ese amor a Chile, compartido por todos, sobrevivía la esperanza.
POST SCRIPTUM. He escrito este ensayo como una contribución a la causa de que nunca más se quiebre la democracia en Chile, para lo cual estimo imprescindible conocer las razones que la destruyeron y concordar hacia el futuro tres principios fundamentales para una convivencia cívica pacífica: a) Bajo ninguna circunstancia, con ninguna justificación, y en ninguna forma, un grupo debe propugnar, y mucho menos iniciar, la violencia como mecanismo de cambio económico, social o político bajo un régimen democrático; b) Iniciada la violencia por algún sector, ella debe ser atajada de inmediato por el gobierno de ese momento, dentro de la ley pero aplicando toda la fuerza de la ley; y c) El rechazo a los que propician y ejercen la violencia, y el apoyo al gobierno que la combate con mano firme, debe contar con el respaldo unánime y decidido de la sociedad política y de la sociedad civil.

miércoles, diciembre 06, 2006

Democracia en Chile

30 de noviembre de 2006

Democracia en Chile

por José Piñera

José Piñera fue el ministro del Trabajo y Previsión Social en Chile responsable de esta reforma, es co-presidente del Proyecto para la Privatización de la Seguridad Social del Cato Institute, y presidente del International Center for Pension Reform (www.pensionreform.org).

Milton Friedman termina su visionaria carta del 21.4.75 al Presidente Pinochet afirmando que "si Chile toma hoy la senda correcta, creo que puede lograr un milagro económico: despegar hacia un crecimiento sostenido que proveerá una ampliamente compartida prosperidad".

Ya nadie en el mundo desconoce que ese primer "milagro" —el crecimiento acelerado— ocurrió una vez que los economistas liberales chilenos ganaron el dificilísimo combate contra la hiperinflación heredada y realizaron, contra viento y marea, trascendentales reformas estructurales.

Años después el Premio Nobel escribió que el "milagro chileno" no era tanto que el modelo de libertad económica hubiera provocado una explosión de prosperidad para todos, pues esa es una correlación probada por la teoría y la experiencia mundial. Mas bien, le parecía que el "milagro" había sido que los economistas liberales hubieran convencido a decenas de generales y almirantes, entonces habituados a la planificación central de sus actividades y al estatismo en sus vidas diarias, a que aceptaran una estrategia de desarrollo basada en la libertad personal, la empresa privada, el rol subsidiario del estado y la apertura al mundo.

En cierta ocasión le aclaré al profesor Friedman que sin duda ese fue un enorme logro "educacional", pero que, tras mi experiencia en la aprobación de tres modernizaciones radicales, podía testimoniar que no fue un "milagro" sino la consecuencia de un compartido amor por Chile y un prisma lógico convergente de dos grupos de genuinos servidores públicos.

Y le manifesté que el verdadero "milagro", o si se quiere el "tercer milagro chileno", fue como los economistas liberales lograron impulsar un original proceso de "democratización desde adentro" y construir una "democracia al servicio de la libertad".

Cuatro hitos

Por lo tanto, estas fueron dos proezas simultaneas: convencer a un exitoso gobierno de emergencia a entregar pacífica y constitucionalmente el poder político, algo único en la Historia, y además construir, en la medida de lo posible y precisamente para proteger la libertad, una democracia con poderes limitados, en la línea del equilibrio de poderes que consagró en su texto el padre de la Constitución de Estados Unidos, James Madison, y que explicó brillantemente en "El Federalista". Los cuatro hitos de esta epopeya fueron:

1. EL MODELO ECONOMICO. La fuerza objetiva más potente detrás de la dinámica del retorno a la democracia fue el modelo económico de libre mercado y apertura al exterior que amplió los espacios de libertad individual, descentralizó el poder económico y social como no lo había hecho antes ningún gobierno, y finalmente creó una clase media propietaria que fue una aliada crucial en la transición hacia un estado de derecho y elecciones políticas.

2. LA DEMOCRACIA LABORAL EN 1979. El primer paso efectivo hacia la democracia se dio en 1979 con las elecciones sindicales que permitió el Plan Laboral. En efecto, la ley de organizaciones sindicales de junio de ese año estableció en Chile el sindicalismo libre y restauró la plena democracia laboral. En esos días William Thayer, ex Ministro del Presidente Eduardo Frei Montalva, llamó a la elección libre de miles de dirigentes sindicales "un ensayo general para el retorno a la democracia". Un año después el mismo Thayer afirmó en una entrevista: "El Plan Laboral ha creado una total democracia sindical en un país que está todavía en una situación de emergencia. Es notable que haya sido en el área laboral donde la democracia haya sido primero restablecida". (Revista Qué Pasa, 24.7.80).

3. LA CONSTITUCIÓN DE 1980. Los economistas liberales fueron miembros claves del equipo civil que logró la aprobación de la Constitución de 1980. Ella no sólo introdujo innovaciones que explican la estabilidad actual (segunda vuelta presidencial, recurso de protección, iniciativa excluyente del Ejecutivo en materias de gastos e ingresos, protección efectiva del derecho de propiedad, libertad de trabajo sin restricciones gremiales, etc.), sino que contenía en sus disposiciones transitorias un cronograma detallado de retorno a la democracia, el cual se cumplió estrictamente. Tengo ante mí "copia fiel" del original del decreto ley No 3.464 firmado en la sesión de gabinete extraordinaria del viernes 8 de agosto de 1980 en que se selló el retorno a la democracia. Se titula "CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA", y lleva la firma de tres economistas liberales. Las incoherencias puntuales de ese texto con la concepción liberal (como senadores designados y comandantes en jefe votando con sus superiores civiles en un consejo de seguridad nacional) fueron un precio mínimo y, como era esperable y deseable, modificadas consensualmente en el camino.

4. LAS INSTITUCIONES DE LA LIBERTAD. Fareed Zakaria en su aclamado libro "El Futuro de la Libertad", una versión moderna de "Democracia en América", el clásico de Alexis de Tocqueville, argumentó a favor de crear las llamadas "instituciones de la libertad" antes de llamar a elecciones libres. Sin ellas sólo se tiene una "democracia iliberal", como aquellas que han jalonado la historia de América Latina y del Tercer Mundo. Pues bien, durante el período de transición (1981-1990), los economistas liberales lograron, entre otros avances de esta naturaleza, la libre creación de universidades privadas, la puesta en marcha del Banco Central autónomo (que ya había sido incorporado a la Carta Fundamental), la apertura a la televisión privada, y la Ley Constitucional Minera.

Todo lo anterior no fue un mero "plan de acción", sino que algo que se hizo y que se hizo en las más difíciles circunstancias internas y externas imaginables.

Consecuencias

Como lo ha afirmado el destacado economista Alvaro Donoso, al elevar la tasa de crecimiento del PIB per cápita desde 0,9% anual (1810-1983) a 4,3% anual (1984-2004), "el modelo chileno lleva a que los nietos puedan aspirar a ser 8,2 veces más ricos que sus abuelos".

Por otra parte, es indiscutible que, unidos en un doble consenso constitucional y económico, hemos traspasado ese umbral de amistad cívica que nos permite seguir aspirando a llegar a ser un país del Primer Mundo para nuestro bicentenario (aunque perdimos el 2010, aún nos queda el 2018).

Quizá este "tercer milagro chileno" también se transforme, como el sistema de pensiones de capitalizacion, en una original exportación chilena. Desde ya, Zakaria concluye que un proceso como el aquí descrito es lo que se necesita urgentemente en Iraq, el Medio Oriente, y más de un centenar de países, incluyendo la mayoría de los latinoamericanos con "democracias iliberales".

Aunque Zakaria reconoce este proceso chileno como un caso emblemático de secuencia virtuosa en la construcción de una democracia, esta verdad histórica es casi desconocida en el exterior.

Ojalá haya líderes capaces de estudiar los hechos, ver a través de los mitos y prejuicios, y obtener lecciones invaluables de la experiencia más exitosa de redemocratización desde adentro en todo el siglo XX.

Este artículo fue publicado originalmente en La Tercera (Chile).

miércoles, noviembre 22, 2006

Milton Friedman y sus recomendaciones a Chile

17 de noviembre de 2006

Milton Friedman y sus recomendaciones a Chile

por José Piñera

José Piñera fue el ministro del Trabajo y Previsión Social en Chile responsable de esta reforma, es co-presidente del Proyecto para la Privatización de la Seguridad Social del Cato Institute, y presidente del International Center for Pension Reform (www.pensionreform.org).

En los últimos 10 años forjamos una amistad intelectual con Milton Friedman en múltiples encuentros, de los cuales destaco tres:

a) El 1 de Mayo de 1996 lo visité, con mi amigo Carlos Gómez, en su departamento en San Francisco con ocasión de los 15 años del inicio de operaciones del sistema de AFP y fuimos deslumbrados por horas por una mente brillante y un corazón valiente;

b) Al año siguiente, viajamos juntos en una limousine interminable desde San Francisco a San José, con Rose y el presidente del Cato Institute Ed Crane, pues en un gesto notable accedió a introducirme en una conferencia que me habían pedido 200 empresarios líderes de Sillicon Valley;

c) Junto con Antonio Martino, entonces Ministro de Defensa de Italia, fuimos los únicos extranjeros invitados a la ceremonia en la Casa Blanca del 9 de Mayo del 2002, llamada "A Lifetime of Achievement: Milton Friedman at 90", en la cual destacaron sus contribuciones el Presidente George W. Bush, el ex-Secretario de Defensa Donald Rumsfeld, el Presidente del Federal Reserve Alan Greenspan, el Ministro de Justicia de Reagan Ed Meese, y el Premio Nobel Gary Becker.

Las ideas de Milton Friedman fueron claves en la Refundación de Chile y, desde ya, fue en el Capítulo 11 de su libro "Capitalismo y Libertad" donde por primera vez leí, a mediados de los 60, la idea que cambiaría mi vida: que en una sociedad libre se podía y se debía privatizar la previsión social.

Como no me atrevo a traducir a Yeats, permítanme despedirme de Milton Friedman con este poema en inglés: "Think where man´s glory most begins and ends/And say my glory was I had such friends".

Aquí está el texto completo de la carta que le envió Milton Friedman al Presidente Pinochet el 21 de Abril de 1975, despues de una visita de una semana a Chile. Ella aparece, por cierto en inglés, en el libro de memorias de Milton y Rose Friedman titulado "Two Lucky People" (The University of Chicago Press, 1998).



21 de Abril, 1975.



Personal
Excmo. Sr. Augusto Pinochet Ugarte
Presidente
Edificio Diego Portales
Santiago, Chile



Estimado señor Presidente:

Durante la visita que le hiciéramos el viernes 21 de Marzo, realizada con el objeto de discutir la situación económica de Chile, Usted me pidió que le transmitiera mi opinión acerca de la situación y políticas económicas chilenas luego de completar mi estancia en su país. Esta carta responde a tal requerimiento.

Permítame primero decirle cuán agradecidos estamos mi esposa y yo de la cálida hospitalidad que nos brindaran tantos chilenos durante nuestra breve visita; nos hicieron sentir como si realmente estuviéramos en casa. Todos los chilenos que conocimos estaban muy conscientes de la seriedad de los problemas que su país enfrenta, dándose cuenta de que el futuro inmediato iba a ser muy difícil. Sin embargo, todos mostraban una firme determinación en aras de superar dichas dificultades y una especial dedicación en el trabajo por un futuro más próspero.

El problema económico fundamental de Chile tiene claramente dos aristas: la inflación y la promoción de una saludable economía social de mercado. Ambos problemas están relacionados: cuánto más efectivamente se fortalezca el sistema de libre mercado, menores serán los costos transicionales de terminar con la inflación. Sin embargo, y pese a estar relacionados, se trata de dos problemas diferentes: el fortalecimiento del libre mercado no culminará con la inflación per se, como tampoco terminar con la inflación derivará automáticamente en un vigoroso e innovador sistema de libre mercado.

La causa de la inflación en Chile es muy clara: el gasto público corresponde, aproximadamente, a un 40% del ingreso nacional. Cerca de un cuarto de este gasto no deriva de impuestos explícitos y, por lo tanto, debe ser financiado emitiendo una mayor cantidad de dinero; en otras palabras, a través del impuesto oculto de la inflación. El impuesto inflación, utilizado para levantar una cantidad de dinero equivalente al 10% del ingreso nacional es, por ende, extremadamente gravoso - una tasa impositiva de 300% a 400% (es decir, la tasa de inflación)- impuesta sobre una estrecha base de cálculo- 3% a 4% del ingreso nacional (es decir, el valor de la cantidad de dinero que circula en Chile como efectivo y depósitos en cuentas corrientes).

Este impuesto inflación genera un enorme daño al inducir a las personas a dedicar un gran esfuerzo por limitar su posesión de dinero en efectivo. Esa es la razón por la cual la base es tan estrecha. En la mayoría de los países, desarrollados y subdesarrollados, la cantidad de dinero es más cercana al 30% del ingreso nacional que al 3% o 4% de éste. Desde la perspectiva del gasto total, que es un múltiplo del ingreso, el dinero en Chile alcanza sólo a algo así como 3 días de gasto, lo que fuerza a realizar nada más que operaciones de subsistencia en el rubro comercio, además de estrangular al mercado de capitales.

Existe solo una manera de terminar con la inflación: reducir drásticamente la tasa de incremento en la cantidad de dinero. En la situación de Chile, el único modo para lograr la disminución de la tasa de incremento en la cantidad de dinero es reducir el déficit fiscal. Por principio, el déficit fiscal puede ser reducido disminuyendo el gasto público, aumentando los impuestos o endeudándose dentro o fuera del país. Exceptuando el endeudamiento externo, los otros tres métodos tendrían los mismos efectos transitorios en el empleo, aunque afectando a diferentes personas -disminuir el gasto público afectaría inicialmente a los empleados públicos, aumentar los impuestos afectaría inicialmente a las personas empleadas por quienes pagan impuestos, y endeudarse afectaría inicialmente a las personas empleadas por los titulares de los créditos o por la las personas que, de otro modo, hubieran conseguido esos fondos prestados.

En la práctica, disminuir el gasto público es, por lejos, la manera más conveniente para reducir el déficit fiscal ya que, simultáneamente, contribuye al fortalecimiento del sector privado y, por ende, a sentar las bases de un saludable crecimiento económico.

La disminución del déficit fiscal es requisito indispensable para terminar con la inflación. Un problema menos claro es cuán rápidamente debe terminarse con ella. Para un país como Estados Unidos, en el cual la inflación es de alrededor del 10%, yo aconsejo una política gradual de eliminación en dos o tres años. Pero para Chile, en que la inflación se mueve entre el 10% y 20% mensual, creo que graduar su eliminación no es viable; conllevaría una tan gravosa operación por un periodo de tiempo tan largo, que temo la paciencia no acompañaría el esfuerzo.

No existe ninguna manera de eliminar la inflación que no involucre un periodo temporal de transición de severa dificultad, incluyendo desempleo. Sin embargo, y desafortunadamente, Chile enfrenta una elección entre dos males, un breve periodo de alto desempleo o un largo periodo de alto desempleo, aunque sutilmente inferior al primero. En mi opinión, las experiencias de Alemania y Japón luego de la II Guerra Mundial, de Brasil más recientemente, del reajuste de postguerra en Estados Unidos, cuando el gasto público fue reducido drástica y rápidamente, argumentan en pro de un tratamiento de shock. Todas estas experiencias sugieren que este periodo de severas dificultades transicionales sea breve (medible en meses) para que así la subsecuente recuperación sea rápida.

Para mitigar los costos de la transición y facilitar la recuperación, creo que las medidas fiscales y monetarias debieran ser parte de un paquete que incluya medidas que eliminen los obstáculos a la empresa privada y que alivien la aguda angustia.

Para acotar, haré un bosquejo de los contenidos de un paquete de propuestas específicas. Mi conocimiento de Chile es muy limitado como para permitirme ser tanto preciso como exhaustivo, de modo que estas medidas deben ser consideradas más bien como ilustrativas.

Si este enfoque de shock fuera adoptado, creo que debiera ser anunciado pública, muy detalladamente y, además, entrar en vigor en una fecha muy cercana a dicho anuncio. Cuánto mejor informado se encuentre el público, más contribuirán sus reacciones al ajuste. A continuación propongo una muestra de las medidas que debieran ser tomadas:

1.- Una reforma monetaria que reemplace el escudo por el peso, con 1 peso = 10.000 escudos (o quizás 1.000 escudos). Por sí misma, esta medida no produciría ningún efecto sustancial, pero cumpliría una valiosa función sicológica.

2.- Un compromiso del gobierno de reducir su gasto en 25% dentro de seis meses; reducción que debiera tomar la forma de una disminución transversal del presupuesto de cada repartición en 25%, con los relativos a personal a tomarse cuán pronto como sea posible. Sin embargo, las reducciones de gasto debieran ser escalonadas en base a un periodo de seis meses para permitir el pago de generosas indemnizaciones. (Cualquier intento de ser selectivo o parcial tiene la probabilidad de fracasar debido a las posibles manipulaciones de cada repartición por lograr que la reducción presupuestaria afecte a otra de ellas. Es preferible hacer primero una reducción transversal, para luego reasignar el total ya reducido).

3.- Un crédito nacional de estabilización otorgado por el público para complementar la reducción del gasto durante los seis primeros meses para permitir así una más rápida reducción en la emisión de dinero que en el gasto. Las condiciones debieran incluir un reajuste por inflación para lograr la confianza del público en la determinación del gobierno de terminar con la inflación.

4.- Si fuera posible, un crédito externo de estabilización para el mismo propósito.

5.- Un categórico compromiso del gobierno de que después de seis meses no financiará más gasto alguno a través de la emisión de dinero. (Así como la recuperación económica se vaya dando, la cantidad de dinero deseable en términos reales, esto es, la cantidad consistente con precios estables, aumentará. Sin embargo, este incremento debiera servir como base para la expansión de un mercado de capitales privado en vez de utilizarse para financiar gasto público).

6.- Continuar con vuestra política actual de un tipo de cambio diseñado para aproximarse a un tipo de cambio de libre mercado.

7.- La eliminación de la mayor cantidad posible de obstáculos que, hoy por hoy, entorpecen el desarrollo del libre mercado. Por ejemplo, suspender, en el caso de las personas que van a emplearse, la ley actual que impide el despido de los trabajadores. En la actualidad, esta ley causa desempleo. También, eliminar los obstáculos a la creación de nuevas instituciones financieras. Asimismo, eliminar la mayor cantidad posible de controles sobre los precios y salarios. El control de precios y salarios no sirve como medida para eliminar la inflación; por el contrario, es una de las peores partes de la enfermedad. (Eliminar obstáculos, pero no sustituir subsidios. La empresa privada tendrá la facultad de gozar de las recompensas del éxito sólo si también arriesga soportar los costos del fracaso. Todo hombre de negocios cree en la libre empresa para todos, pero busca también favores especiales para sí mismo. Ningún obstáculo, ningún subsidio; esa debiera ser la regla).

8.- Tome las providencias necesarias para aliviar cualquier caso de real dificultad y severa angustia que se de entre las clases más pobres. Tome en cuenta que las medidas tomadas no producirán, por sí mismas, daño en estos grupos. El despido de empleados públicos no reducirá la producción, sino que simplemente eliminará gasto- sus despidos no significarán la producción de un pan o un par de zapatos menos. Pero indirectamente, algunas de las clases menos privilegiadas serán afectadas y, séanlo o no, el programa de medidas será señalado como el culpable de sus angustias. Por lo tanto, sería beneficioso tomar ciertas providencias de este tipo en dicho programa. En este aspecto, mi ignorancia de la situación y acuerdos actuales vigentes en Chile me hacen imposible ser más específico.

Un programa de shock tal como este podría eliminar la inflación en cuestión de meses. También fundaría las bases necesarias para lograr la solución de su segundo problema- la promoción de una efectiva economía social de mercado.

Este no es un problema de reciente origen, sino que surge de tendencias al socialismo que comenzaron hace 40 años y que alcanzaron su lógico, y terrible clímax, durante el régimen de Allende. Ustedes han sido extremadamente sabios en la aplicación de las muchas medidas que ya han tomado para revertir esta tendencia.

La eliminación de la inflación llevará a una rápida expansión del mercado de capitales, lo cual facilitará en gran medida la privatización de empresas y actividades que aún se encuentran en manos del Estado.

El más importante paso en este sentido es la liberalización del comercio internacional para, de este modo, proveer de una efectiva competitividad a las empresas chilenas y promover la expansión tanto de las importaciones como de las exportaciones. Lo anterior no sólo mejorará el bienestar del chileno común al permitirle adquirir todos los bienes al menor costo, sino que también disminuirá la dependencia de Chile en un sola exportación de importancia: el cobre. Quizás la mayor recompensa en esta área se obtendría a través de la liberalización de la importación de vehículos motorizados.

Estoy conciente de que su Gobierno ya ha dado pasos importantes y planea otros futuros en orden a reducir las barreras al comercio internacional y a liberalizarlo, y que, como resultado de ello, la ventaja competitiva real de Chile se refleja mejor en éste hoy que en las décadas pasadas. Este es un gran logro. También veo que en esta área existe un fuerte argumento a favor de una gradualización para entregar a los productores chilenos una oportunidad para ajustarse a las nuevas condiciones. No obstante, gradualismo no debe significar quedarse estancado. En mi opinión personal, creo que un buen consejo para Chile sería dirigirse a la liberalización del comercio a una velocidad y en una extensión mucho mayores de las que hasta ahora han sido propuestas. Un comercio totalmente libre es el objetivo final deseable, aunque no sea posible de alcanzar en el más cercano futuro.

Quisiera concluir esta carta diciendo que estoy seguro que Chile tiene un gran potencial. Ha sido un pueblo capaz, letrado, creativo y lleno de energía, que tiene una larga historia y tradición de orden y paz social. Hace unos cuarenta años atrás, Chile, como muchos otros países, incluyendo el mío, se encausó en la ruta equivocada- por buenas razones y sin maldad, ya que fueron errores de hombres buenos y no malos. El mayor error, en mi opinión, fue concebir al Estado como el solucionador de todos los problemas, de creer que es posible administrar bien el dinero ajeno.

Si Chile toma hoy la senda correcta, creo que puede lograr otro milagro económico: despegar hacia un crecimiento económico sostenido que proveerá una ampliamente compartida prosperidad. Pero para aprovechar esta oportunidad, Chile deberá primero superar un muy dificultoso periodo de transición.

Sinceramente,

Milton Friedman


Fuente:http://www.elcato.org

miércoles, noviembre 01, 2006

Chiledeportes Corrupción Política Chilena (Parte 2)
Chiledeportes Corrupción Politica Chilena (Parte 1)
Sobre Chiledeportes en Chilevisión

martes, octubre 31, 2006

Chile: la transparencia ante todo¿?

En nuestro país lamentablemente de un tiempo ha esta parte se han podrucido varios hechos que dan cuenta de lo poco transparen del funcionamientos de ciertas instituciones y las personas que estan a cargo de ellas; pero en cierto sentido se han ido dando las condiciones para ellos, la falta de alternancia en el poder, la labor del ejecutivo poco clara todo tanto en lo político en lo legislativo ya que la mayoria de las leyes provien del ejecutivo(son materias de ley:mensaje); el congreso que tanto en lo legislativo coo en el rol fiscalizador hasta hora muy fojo y se pasan en demasiadas comisioes que en terminos practicos no son de demasiada utilidad y cuando invitan a gente experta en la materia no les hacen caso; la justicia en tanto se ve atada de manos en el sentido de que al pais se les vendio una nueva justicia la cual supuestamente seria mejor para la ciudadania más rapida, transparente,más garantista hasta ahora se cumple, pero el problema es que ha sido demasiado garantistas con los delincuentes pero poco con los que realmente sufren los dramas que son en realidad son las victimas. (les invito a leer si tienen la oportunidad el mensaje del CPP ahi se daran cuenta de que es lo que realmente se busco con esta reforma).
Sin lugar a dudas dentro de sudamerica Chile es un Jaguar, pero nos falta mucho para estar dentro de las grandes ligas a nivel mundial ;por varias factores: educación, salud, el tema de la seguridad; y ahora el tema de la Corrupción que enloda a la clase política. Es hora que se hagan cambios drasticos ya que en los paises que entra el germen de la corrupción generalmente no se erradita sino que a aumenta.
Espero con el caso de ChileDeportes(recostes)se de un paso asi la transparencia y probidad; y que se llegue incluso a los tribunales de justicias ya que varios de los hechos sucedidos podria caer dentro de algun tipo penal normal e incluso de delito o infracciones de carácter tributario, ya que en estos casos no son como se les quiere llamar "errores".

martes, octubre 03, 2006

LEY Nº 19.928 SOBRE FOMENTO DE LA MUSICA CHILENA

LEY Nº 19.928 SOBRE FOMENTO DE LA MUSICA CHILENA

(Publicada en el Diario Oficial Nº 37.774, de 31 de enero de 2004)

Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente

PROYECTO DE LEY:

TITULO I
DEL CONSEJO DE FOMENTO DE LA MÚSICA NACIONAL

Artículo 1º El Estado de Chile apoya, estimula, promueve y difunde la labor de los autores, compositores, artistas intérpretes y ejecutantes, recopiladores, investigadores y productores de fonogramas chilenos, forjadores del patrimonio de la música nacional, para la preservación y fomento de la identidad cultural.

Art. 2º Para los efectos de la presente ley, se entenderá por:
1) Música nacional: toda expresión del género musical, clásica o selecta, popular, de raíz folclórica y de tradición oral, con o sin texto, ya sea creada, interpretada o ejecutada por chilenos.
2) Música clásica o selecta: aquella música cuyo aprendizaje se realiza en base a normas académicas de consenso universal, que se registra y transmite preferentemente por vía escrita (partitura), que explora estructuras y formas complejas y cuyos autores son identificados.
3) Música popular: aquella música cuyo aprendizaje puede ser empírico y/o académico, que se transmite por vía oral, escrita o fonográfica, que cultiva formas y estructuras simples, con autores y compositores identificados, siendo de difusión y proyección masivas.
4) Música de raíz folklórica y de tradición oral: aquella música cuyo aprendizaje se realiza de manera directa o empírica, se registra y se transmite por vía oral, escrita o fonográfica, cultiva preferentemente estructuras y formas simples de antigua procedencia, con autores y compositores identificados o anónimos.
5) Autor: la persona natural creadora del texto literario de una obra musical.
6) Compositor: la persona natural creadora de la música de una obra.
7) Artista intérprete o ejecutante: la persona natural que interpreta y transmite mediante la voz o un instrumento la obra musical de un compositor.
8) Recopilador: la persona natural dedicada a la investigación, registro, rescate y difusión de la música de tradición oral.
9) Autores, compositores, artistas intérpretes y ejecutantes y recopiladores chilenos: los autores, compositores, artistas intérpretes y ejecutantes, y recopiladores, de nacionalidad chilena o extranjeros domiciliados en Chile.
10) Productor fonográfico: la persona natural o jurídica responsable de la primera fijación de los sonidos de una interpretación o ejecución u otros sonidos, sin importar la técnica utilizada.
11) Editor musical o editor de música: la persona natural o jurídica que se ha constituido en titular derivado de derechos patrimoniales de autor de obra musical o literario musical, encargada de su explotación y responsable de gestionar su promoción y publicación por cualquier medio.
12) Realizador musical: la persona natural responsable de la realización artística de la grabación sonora de una obra musical.

Para los efectos de la presente ley, se aplicarán, en lo que no sean contrarias a ella, las definiciones establecidas en la ley Nº 17.336, sobre Propiedad Intelectual.

Art. 3º Créase, en el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, el Consejo de Fomento de la Música Nacional, en adelante "el Consejo", cuyas funciones y atribuciones serán:
1) Asesorar al Presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes en la definición de las políticas culturales orientadas al fomento de la música nacional;
2) Convocar anualmente a los concursos públicos, en conformidad al artículo 5º, para asignar los recursos del Fondo para el Fomento de la Música Nacional en la forma que determine el reglamento;
3) Estimular la creación de obras nacionales mediante concursos de composición en los diferentes géneros de expresión musical;
4) Fomentar la interpretación y ejecución del repertorio de música nacional, colaborando con festivales y certámenes en los cuales se convoque a autores, compositores, intérpretes, investigadores y recopiladores nacionales;
5) Fomentar, reconocer, apoyar y estimular las actividades de instituciones, medios de comunicación y personas naturales y jurídicas que se destaquen en la difusión de la música nacional;
6) Apoyar a los establecimientos educacionales de nivel prebásico, básico, medio y superior en la difusión y conocimiento del repertorio de música nacional;
7) Promover estudios y formular proposiciones para la mejor difusión del repertorio nacional;
8) Otorgar becas para la capacitación profesional de los autores, compositores, intérpretes, investigadores y recopiladores chilenos, de acuerdo a las normas que fije el reglamento;
9) Organizar encuentros, seminarios, talleres y otras actividades conducentes a difundir y estimular la creación y producción musical nacional;
10) Desarrollar campañas de promoción del repertorio nacional, a través de los medios de comunicación pública;
11) Promover el desarrollo de la actividad coral y la formación de orquestas, especialmente a nivel infantil y juvenil, en el ámbito escolar y extra-escolar, incluyendo en ellas bandas instrumentales;
12) Fomentar la producción de fonogramas de música nacional y apoyar la publicación, promoción y difusión de dichos fonogramas;
13) Estudiar y proponer medidas conducentes a evitar la reproducción y utilización no autorizadas de los fonogramas, y
14) Realizar las demás funciones que esta ley u otras disposiciones especiales le encomienden.

El Consejo, en el cumplimiento de las funciones y atribuciones precedentes, propiciará el fomento y la difusión de las obras musicales nacionales de raíz folclórica y de tradición oral que contribuyan al incremento del patrimonio cultural.

Art. 4º El Consejo estará integrado por las siguientes personas:
1) El Presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, o su representante, quien lo presidirá;
2) Un representante del Presidente de la República;
3) Dos académicos de reconocido prestigio en el ámbito de la música, designados por los rectores de universidades chilenas que gocen de plena autonomía y que serán convocados para estos efectos por el Presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Uno de esos académicos deberá pertenecer a una universidad de una región distinta a la Región Metropolitana;
4) Un autor o compositor y un intérprete o ejecutante de reconocida trayectoria en el género de la música popular, designados por la entidad de carácter nacional más representativa que los agrupe, los cuales serán nombrados mediante una resolución firmada por el Presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes;
5) Un autor o compositor y un intérprete o ejecutante de reconocida trayectoria en el género de la música de raíz folclórica o de tradición oral, designados por la entidad de carácter nacional más representativa que los agrupe, los cuales serán nombrados mediante una resolución firmada por el Presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes;
6) Un autor o compositor y un intérprete o ejecutante de reconocida trayectoria en el género de la música clásica o selecta, designados por la entidad de carácter nacional más representativa que los agrupe, los cuales serán nombrados mediante una resolución firmada por el Presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes;
7) Un profesional de la musicología o investigador de reconocida experiencia y prestigio, designado por el Presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes a propuesta de la entidad de carácter nacional más representativa que los agrupe;
8) Un representante de los productores de fonogramas, designado por el Presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes a propuesta de la entidad de carácter nacional más representativa que los agrupe;
9) Un representante de los editores de música, designado por el Presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes a propuesta de la entidad de carácter nacional más representativa que los agrupe;
10) Un representante del ámbito de la radiodifusión, designado por el Presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes a propuesta de la entidad de carácter nacional más representativa que los agrupe;
11) Un representante del ámbito de la televisión, designado por el Presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes a propuesta de la entidad de carácter nacional más representativa que los agrupe;
12) Un representante de una corporación o fundación cultural privada que realice programas o desarrolle proyectos musicales de carácter permanente, designado por el Presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, y
13) Un representante de una corporación cultural municipal, designado por la Asociación Chilena de Municipalidades.

Las personas designadas a proposición de las organizaciones más representativas señaladas, no necesitarán ser socios o miembros activos de la respectiva entidad.

Para los efectos de este artículo, se considerarán como entidades representativas las corporaciones, asociaciones gremiales y organizaciones sindicales que agrupen mayoritariamente al sector profesional respectivo.

Los integrantes designados a proposición de entidades representativas durarán dos años en el cargo, no pudiendo ser removidos salvo acuerdo de la mayoría de los miembros del Consejo a solicitud de la entidad que hizo la proposición. Dichos integrantes podrán ser designados para el período siguiente.

Si vacara alguno de los cargos señalados en este artículo, excepto los correspondientes a los números 1) y 2), el reemplazante será designado por quien corresponda, por el tiempo que falte para completar el período por el cual fue designado su antecesor.

El Consejo sesionará con la mayoría de sus miembros en ejercicio y adoptará sus acuerdos por la mayoría de los presentes.

TITULO II
DEL FONDO PARA EL FOMENTO DE LA MÚSICA NACIONAL

Art. 5º Créase el Fondo para el Fomento de la Música Nacional, que será administrado por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, cuya finalidad será el financiamiento de las actividades y objetivos del Consejo de Fomento de la Música Nacional, señalados en el artículo 3º. Su patrimonio estará integrado por los recursos que para este objeto deberán consultarse anualmente en la Ley de Presupuestos de la Nación y por los aportes, donaciones, herencias y legados que reciba.

Estas donaciones estarán exentas del trámite de la insinuación, a que se refiere el artículo 1401 del Código Civil.

Las funciones señaladas en los números 4), 5), 6), 8) y 12) del artículo 3º, se cumplirán mediante llamados a concursos públicos, por medio de una amplia difusión, a través de medios nacionales y regionales, sobre bases objetivas señaladas previamente para asignar los recursos del Fondo y resolverlos. Las funciones indicadas en los números 7) y 10) del mismo artículo, se cumplirán mediante licitación de acuerdo a normas objetivas y públicas que contemplen la materia, contenidos y demás características definidos por el Consejo. La función señalada en el número 11) del referido artículo 3º, se cumplirá mediante aportes de recursos del presupuesto de la Nación a municipalidades, corporaciones o fundaciones sin fines de lucro, que desarrollen las actividades que allí se indican, que incluyan becas de estudios musicales para niños y jóvenes, que conformen las orquestas y coros que en dicho número se señalan de acuerdo al reglamento. Todo ello en la forma que se establezca en los convenios de colaboración que para estos efectos se suscriban.

La distribución de los recursos concursables del Fondo se hará en forma descentralizada, conforme lo establezca anualmente la Ley de Presupuestos.

El reglamento fijará los requisitos, formas y procedimientos a que deberán ajustarse los concursos públicos que sean convocados y los proyectos que postulen a la asignación de los recursos del Fondo, como asimismo las normas y procedimientos a que deberán ajustarse las licitaciones públicas.

TITULO III
DEL PREMIO A LA MÚSICA NACIONAL "PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA"

Art. 6º Créase el Premio a la Música Nacional "Presidente de la República", en las menciones de "Autor o Compositor" e "Intérprete, Recopilador, Realizador o Productor Musical". Estará destinado a reconocer la obra del autor o compositor, o del artista intérprete o ejecutante, recopilador o realizador o productor musical chileno que, por su excelencia, creatividad, destacada labor y aporte trascendente al repertorio de la música nacional se hagan acreedores a este galardón en los siguientes géneros: a) clásico o selecto; b) popular, y c) de raíz folclórica y de tradición oral.

Art. 7º El Consejo discernirá anualmente este premio por la mayoría de sus miembros. Éste se otorgará en cada uno de los géneros que se señalan en el artículo anterior, a las personas naturales que cultiven dichos géneros en la calidad correspondiente a cualesquiera de las menciones que ese mismo artículo señala.

El Consejo, por la mayoría de sus miembros y en casos calificados, podrá asignar uno de los premios conjuntamente a dos o más personas que hayan desarrollado su trabajo en forma colectiva. En este caso, se repartirá el premio por partes iguales.

Art. 8º El Consejo, convocado por su Presidente, discernirá el premio en el mes de noviembre de cada año y emitirá su fallo fundado en el plazo máximo de treinta días.

Art. 9º Cada premio a la música nacional "Presidente de la República", comprende los siguientes galardones:
1) Un diploma firmado por el Presidente de la República, suscrito, además, por el Presidente del Consejo de Fomento de la Música Nacional, en el que se dejará constancia del género y de la mención a que se refiere el artículo 6º, a los cuales corresponde el galardonado, y
2) Una suma única ascendente a doscientos setenta unidades tributarias mensuales.

Art. 10º El galardón a que se refiere el Nº 2 del artículo anterior, no constituirá renta de conformidad al artículo 17, Nº 23, de la Ley sobre Impuesto a la Renta, establecida en el decreto ley Nº 824, de 1974.

Art. 11º El Consejo, asimismo, otorgará un premio consistente en un diploma, a las personas naturales o jurídicas que desarrollen actividades en las áreas de la producción fonográfica y de la edición musical, que se hayan destacado por su aporte al fomento de la música nacional, el que será firmado por el Presidente de la República y suscrito, además, por el Presidente del Consejo de Fomento de la Música Nacional. Se otorgará anualmente a dos personas, una de cada área señalada.

Para su discernimiento se aplicarán las disposiciones del artículo 8º de este texto legal.

Art. 12º El Consejo podrá declarar desierto alguno de los premios que establece este Título.

TITULO IV
Del Fomento de la Música Nacional

Art. 13º Los órganos y servicios del Estado y las municipalidades, cuando utilicen música en sus dependencias o durante el desarrollo de los actos oficiales, deberán disponer que ésta sea nacional.

Art. 14º Las representaciones diplomáticas chilenas acreditadas en el exterior promoverán en sus actividades la difusión de la música nacional en sus distintos géneros.

Art. 15º El Consejo de Fomento de la Música Nacional podrá celebrar convenios con entidades de radiodifusión, televisión u otras, con el objetivo de que incluyan en su programación, en el territorio nacional, determinados porcentajes de música nacional.

El reglamento establecerá la forma en que se efectuará la certificación de los porcentajes convenidos, así como la ponderación que se asignará a las entidades que hayan suscrito los acuerdos mencionados en el inciso anterior, en los concursos, licitaciones y campañas indicadas en los números 5) y 10) del artículo 3º.

Art. 16º El Registro de la Propiedad Intelectual que recibe el depósito legal a que se refiere el artículo 75 de la ley Nº 17.336, sobre Propiedad Intelectual, entregará, a la Biblioteca Nacional, uno de los ejemplares de las obras musicales, impresos o grabados, para archivar, proteger, investigar, difundir y exhibir la producción musical nacional.

Dicha biblioteca podrá convenir con corporaciones o fundaciones de derecho privado y de derecho público, la realización de actividades de conservación, investigación, difusión y exhibición de la producción musical nacional.

En el caso de las obras depositadas en el Registro mencionado en el inciso primero, con anterioridad a la vigencia de la presente ley, la Biblioteca Nacional deberá adoptar los debidos resguardos para no afectar los fines de dicho Registro.

Art. 17º Introdúcense las siguientes enmiendas en el artículo 75 de la ley Nº 17.336:
1) Agrégase, en su letra d), la siguiente frase después de la palabra "contenga": ", salvo que se trate de música nacional en que deberán depositarse dos ejemplares";
2) Intercálase, en su letra e), después de la palabra "fijación" y del punto (.) que la sigue, la siguiente frase: "En el caso de las interpretaciones y ejecuciones de música nacional deberá depositarse dos
ejemplares de la fijación.", y
3) Agrégase, en su letra g), la siguiente frase después de la palabra "letra": ", y, en el caso de las obras de música nacional, deberá acompañarse dos ejemplares de la partitura".".

Habiéndose cumplido con lo establecido en el Nº 1º del artículo 82 de la Constitución Política de la República y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto promúlguese y llévese a efecto como Ley de la República.

Santiago, 7 de enero de 2004.- RICARDO LAGOS ESCOBAR, Presidente de la República.- Sergio Bitar Chacra, Ministro de Educación.- Nicolás Eyzaguirre Guzmán, Ministro de Hacienda.- Francisco Vidal Salinas, Ministro Secretario General de Gobierno.

Lo que transcribo a usted para su conocimiento.- Saluda atentamente, María Ariadna Hornkohl Venegas, Subsecretaria de Educación.

Tribunal Constitucional
Proyecto de ley sobre fomento a la música chilena

El Secretario del Tribunal Constitucional, quien suscribe, certifica que la Honorable Cámara de Diputados envió el proyecto de ley enunciado en el rubro, aprobado por el Congreso Nacional, a fin de que este Tribunal ejerciera el control respecto del artículo 3º, y por sentencia de 18 de diciembre de 2003, dictada en los autos Rol Nº 400, declaró:
1. Que el artículo 3º del proyecto remitido es constitucional, con la prevención que se indica a continuación.
2. Que el numeral 14) del artículo 3º del proyecto remitido, es constitucional en el entendido de lo señalado en el considerando octavo de esta sentencia.

Santiago, diciembre 22 de 2003.- Rafael Larraín Cruz, Secretario

Informacion del Precio por Unidad de Medida

Sin la informacion del Precio por Unidad de Medida los consumidores podriamos tomar una mala decision de consumo. A continuacion le contamos de que se trata.

Definido en el D.S. N° 229, el precio unitario es el precio final, incluidos IVA y todos los demas impuestos, por un kilogramo, un litro, un metro cuadrado o un metro cubico del producto o unidad del producto. En este ultimo caso, si las unidades o piezas son de distintas caracteristicas, se indicara el precio individual de cada una de ellas.

Este sistema, el que estan obligados a cumplir todos los supermercados, presenta multiples ventajas para el consumidor, puesto que permite comparar el mismo producto en otro establecimiento de venta, establecer diferencias (si las hubiesen) entre distintas marcas de productos y realizar compras estimando las diferencias de precios en distintos tamaños de la misma marca, optando por el producto que mas le convenga y por el precio que considere mas justo.

¿Donde debe exhibirse?

El precio unitario se debe exhibir de un modo claro y visible, de tal forma que permita al consumidor ejercer su derecho a la libre eleccion. Es decir, debe exhibirse en los flejes, que son las pequeñas etiquetas (o cartelitos) con el precio y el nombre del producto en las estanterias.

Estos flejes deben informar dos cosas:

- el precio del producto.

- y cuanto vale la unidad de medida respectiva.

SERNAC le recomienda hacer el ejercicio con otros productos que le interesen. Vera como, al final, ahorra plata y toma mejores decisiones de consumo.

NOTA: Los acentos fueron omitidos por asunto de compatibilidad

Fuentes:sitio de la Revista del Consumidor:
Http://www.revistadelconsumidor.cl/
sitio del Servicio Nacional del Consumidor:
http://www.sernac.cl/